La crisis de la educación chilena no surge de manera espontánea. Ya el 2006 los estudiantes secundarios dieron la alerta en la llamada revolución pingüina. La clase política no quiso escuchar y optó por dar una salida que implicaba una profundización del modelo mercantil educacional. Hoy, cinco años después, las movilizaciones vuelven a hacer latente la crisis y han pasado de cuestionar el sistema educacional al sistema democrático del país en su conjunto.
Para ayudar a la comprensión de lo que aquí sucede, quisiera hacer una breve descripción de los principales hitos sobre los cuales se ha erigido el sistema educacional chileno y como su transformación se ha convertido en un potencial detonador de transformaciones profundas de un país que hasta poco se vanagloriaba de considerarse el jaguar de América Latina.
Antecedentes del sistema educacional chileno
En 1981 se sientan las bases del sistema educacional chileno.
En el ámbito escolar la educación pública es traspasada desde el Estado a los municipios. El financiamiento fiscal se realiza mediante el sistema Vaucher, donde colegios tanto públicos y privados (en los cuales el lucro está permitido) reciben recursos públicos según la asistencia de los estudiantes.
A nivel universitario, el Estado deja de otorgar gratuidad a los estudiantes, dando inicio al sistema de crédito para financiar la educación superior. Además, el Estado abandona la formación técnica, disminuye considerablemente el presupuesto a sus Universidades y se permite la apertura de nuevas universidades que, pese a que tienen prohibido el fin de lucro, han encontrado mecanismos para hacer de la formación profesional un suculento negocio.
Existen más de 60 universidades. La mayoría solo imparten docencia, abandonando por completo la investigación y la extensión como labores del quehacer universitario. Para ejemplificar lo desregulado que es nuestro sistema, la normativa vigente hace más difícil poner una botillería que abrir una Universidad.
Todas estas profundas transformaciones se hicieron durante una de las dictaduras más sanguinarias de Latinoamérica, en esos grises años de nuestro continente.
El debate por la educación durante los Gobiernos de la Concertación
El retorno a la democracia trajo consigo altas expectativas que lamentablemente se vieron truncadas. Bajo la promesa de generar reformas sociales y democráticas en la medida de lo posible, se consolidó el modelo neo-liberal en base a una política de los acuerdos entre la gobernante Concertación y la Alianza por Chile pinochetista.
En los años 90’ el movimiento estudiantil privilegió movilizaciones al interior de las Universidades con el fin de democratizarlas. Estas generaron una participación activa de la comunidad universitaria, pero solo pudieron cuestionar aspectos al interior de las Universidades y no la relación de estas con el Estado.
En los años venideros adquieren fuerza las movilizaciones que exigían mayores beneficios para los estudiantes y el mejoramiento de las Universidades Públicas. Estas si bien lograron poner más de una vez en jaque a las administraciones concertacionistas, no tuvieron la capacidad de levantar demandas políticas más estructurales.
Fue el año 2006, cuando los estudiantes secundarios logran poner con mayor fuerza la grave crisis de una educación de mala calidad y altamente desigual. Los más de treinta años de desregulación aumentaron la cobertura del sistema, pero a costa de una alta segregación social. Los chilenos nos educamos en ghetos sociales: los ricos con los ricos y los sectores populares solo quedan con acceso a la educación más precarizada, con una nula integración social. La educación no solo no nos ayuda para combatir las desigualdades (Chile es uno de los países más desiguales del mundo) si no que las reproduce y acrecienta.
La llegada de Piñera y la ampliación en las correlaciones de fuerza
El retorno de la derecha al Gobierno acaba la excusa del quisiéramos avanzar más pero el sistema político no nos deja. En el primer año de la administración Piñera estuvimos conmocionados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero, lo cual condicionó los debates públicos.
Este 2011, sin esa presión de por medio, el movimiento estudiantil pudo desplegar con fuerzas sus demandas, las cuales nacen fruto de años de discusiones y álgidos debates. Se sumó el Colegio de Profesores, la comunidad universitaria, los estudiantes secundarios. Todos ellos con sus propias agendas y reivindicaciones, orientadas a fortalecer la educación pública en desmedro de la mercantilización y el lucro.
Paulatinamente la opinión pública se inclina hacia nuestro favor cada vez con más fuerza y dejando en una posición de absoluto aislamiento al Gobierno. Hoy los estándares de desaprobación al Gobierno son los más altos desde el retorno a la democracia y han dejado consternada a una administración que no genera empatía con la ciudadanía.
¿Y ahora qué?
Si Chile fuera un país realmente democrático nuestras demandas estarían satisfechas, pues más de un 75% de la población las respalda. Se ha generado un cambio cultural en nuestro país. Se acabó un conformismo que nos caracterizó por muchos años. Los chilenos ven en la movilización estudiantil una oportunidad para levantar sus banderas, en contra de un sistema que se sustenta en base a una profunda desigualdad económica y social.
Demandas como plebiscitar las propuestas de los estudiantes, iniciar un proceso para una asamblea constituyente, financiar la educación mediante la nacionalización de nuestros recursos naturales empiezan a sentirse con fuerza en nuestra sociedad. Estos debates requieren una proyección más allá de la coyuntura de las movilizaciones y deben apostar a consensuar posturas mayoritarias.
Es un desafío enorme que va mucho más allá de las demandas educacionales, pero del cual tenemos que hacernos cargo y ponernos a disposición de refundar Chile: a despojarlo de todas las herencias pinochetistas que aún perduran y construir un país democrático, soberano y de justicia social.
