¿Qué tienen en común la
creación de una comisión de expertos para elaborar las políticas públicas de
educación, la fuerte represión con la que ha actuado el Gobierno para enfrentar
la movilización social y la desidia constante de los líderes de la derecha
hacía los actores movilizados, especialmente sus rostros visibles?
Todas ellas son expresiones del fuerte contenido
ideológico con que el Gobierno asume las actuales movilizaciones.
Los “pragmáticos” de la derecha al parecer han fracaso. Chile
vive actualmente una beligerencia social, material y simbólica, de parte de una
multiplicidad de actores y el Gobierno se esmera en seguir defendiendo,
resguardando e incluso profundizando, la visión neo-liberal de cómo concebir la
educación y la enseñanza al interior de nuestra sociedad.
La comisión de “expertos” y el paradigma de la tecnocracia
Uno de los mitos fundacionales de la hegemonía
neo-liberal fue la idea del fin de la
historia. Según ella, la mercantilización de los derechos sociales debía
estar acompañada de un fin de lo político,
de un fin de la discusión al interior de las sociedades sobre cómo administrar
los bienes sociales. Todo ahora debe estar en manos del mercado –imparcial y
auto regulado- y, por tanto, son debates técnicos y por ningún motivo
políticos, los que lograrían solucionar los problemas sociales.
Pese a que Chile aun sigue siendo el paradigma y el bastión
neo-liberal por excelencia, en nuestro continente hace ya bastantes años se inició
un proceso (a distintos ritmos) de abandonó de las políticas neo-liberales. En
su reemplazo, se avanza en lógicas progresistas orientadas a garantizar los
derechos sociales, a recuperar la soberanía del pueblo sobre los recursos
naturales y conteniendo una profunda desconfianza a que el mercado podrá por sí
solo, garantizar equidad, bienestar social, crecimiento y desarrollo.
Ya no cabe duda que no hubo nada más falso que el fin de
la historia (su propio autor declinó de su tesis). Los debates al interior de
las sociedades continúan siendo políticos. Lo técnico no es más que una
derivación secundaria, que debe ser posterior al momento de tomar los acuerdos
políticos.
Que el Gobierno de Chile convoque
a un comité de “expertos” para que desde ahí emerjan las propuestas de
políticas públicas sobre educación, no es más que una demostración que la
derecha gobernante no permite que desde la organización de la sociedad civil
puedan surgir disensos políticos. Ellos quieren GOBERNAR por sí solos, y exclusivamente
bajo su mirada ideológica, permitiendo que se exprese la opinión pública solo
de un modo consultivo. Ellos desean que la soberanía no descansé en la
ciudadanía sino que tan solo en los pasillos de palacio.
Dichos “expertos” no son más que técnicos del
neoliberalismo que vienen a limpiar una decisión política previamente definida,
está es: no transar con las organizaciones sociales. Generarán una propuesta
“técnica” a imagen y semejanza de la ideología de quienes hoy gobiernan el
país, despojándose de su autonomía como intelectuales. ¿Cree el Gobierno acaso
que tras las propuestas estudiantiles no existen propuestas sobre cómo
aplicarlas técnicamente y técnicos que las respalde? , ¿o cree acaso, que la
capacidad de elaborar políticas públicas la poseen solamente ellos? Esto no es
así, y claramente acá la derecha chocará con una pared, pues la ciudadanía se
dará cuenta de tan baja maniobra y dicho comité de “expertos” no tendrán
ninguna legitimidad para hacer cursar sus propuestas.
La peor cara de la derecha: la represión y el autoritarismo
De todas las máximas que posee la concepción del Estado moderno, hay una que la derecha tiene muy clara y que jamás olvida: el Estado posee el monopolio del uso “legítimo” de la fuerza.
A tal grado ha llegado el fracaso político de la derecha para enfrentar este conflicto social, que su principal respuesta está siendo la represión. Durante los meses de movilizaciones, existen tantos antecedentes de uso indebido de la fuerza, de represión, de tortura por parte de Carabineros, que es ya evidente que dichos hechos no responden a decisiones aisladas de un carabinero o un cuartel. La represión en estas movilizaciones, han sido una decisión de Estado, donde la responsabilidad política del ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, está absolutamente comprometida.
El asesinato de Manuel Gutiérrez; el secuestro y detenciones ilegales de estudiantes; las acusaciones de tortura en Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Punta Arenas; el allanamiento de casas sin autorización judicial (a, por ejemplo, la alcaldesa de PAC); las irregularidades en los procedimientos de desalojo, son hechos que tiñen y caracterizan el actuar de Carabineros.
El Gobierno ha defendido la represión, solo se atrevieron a intervenir ante un asesinato flagrante, pero frente al resto de los gravísimos hechos ha cursado la impunidad. Incluso han cuestionado el criterio de los jueces por no acompañar su política de persecución y criminalización del movimiento.
Se hace sumamente necesario, que el movimiento social tome con mayor prioridad la disputa judicial, para denunciar el accionar del Gobierno y su política represiva. Esta disputa que debe ser llevada a tribunales tanto del plano nacional como internacional, será de largo aliento y servirá de antecedente de las otras luchas que dará la sociedad chilena. Puesto que hoy estamos hablando de la movilización por recuperar la educación pública. Pero luego vendrá la de recuperar la salud, la vivienda, los recursos naturales, la previsión y ante todas ellas el Gobierno puede reaccionar con el mismo nivel de violencia. Es ahora y no mañana cuando debemos iniciar el proceso de denunciar la violencia del Estado y exigir que se asuman las responsabilidades individuales.
Todo se tiñe de Gremialismo
El ministro del
Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que la presidenta de la FECH y vocera de
la Confech, Camila Vallejo, “ha actuado bastante más como una líder
político que como una líder estudiantil”.
A ello el
secretario de Estado agregó que ha visto a Vallejo en marchas “que no
tienen nada que ver con el mundo estudiantil, en marcha de la salud, por
ejemplo".
En opinión del
jefe de gabinete, "cuando uno es dirigente de los estudiantes, tiene que
ser 100 por ciento, 24 horas al día dirigente de los estudiantes",
reprodujo radio Cooperativa.
Para Hinzpeter, si
Camila Vallejo “quiere optar por la política, hay que ser honesto con los
estudiantes y decirles: 'yo no tengo el tiempo ni la disposición para estar 100
por ciento dedicado a las demandas estudiantiles, porque me quiero dedicar a la
política'". (f: terra)
El Gobierno no solo busca imponer su
agenda ideológica a ultranza y sin diálogo democrático. Junto con ello,
pretenden imponer su visión de lo sociedad al conjunto de la ciudadanía.
La división entre dirigencia
estudiantil y dirigencia política, responde a la idea gremialista de la
independencia que deben poseer los grupos intermedios de la sociedad respecto a
los debates políticos. Los jóvenes gremiales –futuros militantes de la UDI-
presentan sus listas a las federaciones, vanagloriándose de su independencia,
que no utilizarán sus cargos de representación para fines políticos y en los
pocos casos de éxito, desvían la atención de las discusiones nacionales
impidiendo que los estudiantes puedan ser actores incidentes del acontecer
nacional.
Algo que caracteriza los momentos de
consolidación de un descontento social y un deseo de cambio en los sectores
mayoritarios, es el abandono de las ideas reaccionarias y el reemplazo por
ideas que sirvan para impulsar los cambios sociales.
La lucha por el cambio al sistema de
educación, es una arista de un conflicto social mucho más agudo que dice
relación con la desigualdad y la vergonzosa concentración de la riqueza en el
país. El movimiento por el fortalecimiento de la educación pública jamás habría
llegado a los niveles de respaldo y masividad si no hubiera ido de la mano con
un cambio cultural en la sociedad chilena que se expresa en una toma de
conciencia de los constantes abusos que se viven a diario por el hecho de una vivir
en una de las sociedades más desiguales del mundo.
El movimiento ha sido transversal,
amplio e integrador y el Gobierno no ha hecho otra cosa que acusarlo de sobre
ideologizado. Sin reparar en el hecho que las propuestas estudiantiles siguen
gozando de más de un 80% de aprobación.