Frente al alza en un 10% de los aranceles de la Universidad de Chile

Gran presencia mediática causó el alza generalizada en los aranceles de las carreras de las distintas universidades del país. La cobertura de prensa giró principalmente en las particularidades de los procesos de la Universidad de Chile (donde se optó por un alza pareja de todos los aranceles) y la Universidad Católica (donde distinguiendo entre alumnos viejos y nuevos las alzas fluctúan entre en 8% y 12%), identificando las posturas de los distintos actores, por lo que la Federaciones Estudiantiles de dichas universidades obtuvieron una cobertura importante para plantear posiciones al respecto.

En el caso particular de la Universidad de Chile, la discusión arancelaria tuvo cabida en una mesa de negociación FECH – Rectoría, la cual giró en torno a la necesidad de gravar de la menor manera posible los presupuestos de las familias de los estudiantes (en un contexto de clara futura crisis económica) y la necesidad de aumentar los flujos presupuestarios de la Universidad en la realidad de una abierta caída al desfinanciamiento de las Universidades Estatales. Ambos elementos situados en un consenso (probablemente solo discursivo) de la falta de preocupación que pone el Estado en asegurar el buen funcionamiento de sus Universidades, expresado en su escaso aporte directo en el presupuesto.

En dicho escenario, la postura de la FECH, que se inició manifestando que lo ideal y políticamente correcto era un congelamiento nominal de los aranceles, estableció que al no ser eso posible, al menos se debía avanzar en realizar un congelamiento real y parejo (eliminando el 2% a los mechones) de los aranceles y con un respectivo aumento en las distintas becas de ayuda económica entregadas por la Universidad (como por ejemplo las becas PAE).

Finalmente, la decisión de rectoría frente a dichos planteamientos fue acoger las últimas propuestas, pero estableciendo el alza arancelaría no bajo criterios del IPC, sino que bajo el criterio del acuerdo ANEF – Gobierno sobre el IRSP que este año culminó, luego de exitosas movilizaciones, en un 10%, al parecer en al menos 2 puntos sobre el IPC anual.

Un planteamiento importante que desecho rectoría de plano, era vincular la necesidad de mayor financiamiento a la universidad con la aplicación de overead a distintas instituciones privadas asociadas a unidades académicas de la Universidad que lucran con la marca “Universidad de Chile”. Lo cual, sumado a las penosas declaraciones en prensa por parte de rectoría, donde se plantea que la FECH estuvo completamente de acuerdo con el alza de aranceles, demuestra que las autoridades universitarias no están pensando de modo alguno vincular la necesaria salida a la crisis de financiamiento con una mejora en el trato que el Estado le da a sus Universidades

La actitud dubitativa que ha tenido rectoría en torno al trato de las Universidades con el Estado y las formas de financiamiento de los distintos programas y unidades académicas, muchos la atribuyen a una notoria falta de liderazgo de la actual conducción de Víctor Pérez, comandado por el Vicerrector Académico Prof. Ayala. Otros, en cambio, plantean lisa y llanamente que es parte de su lógica de conducción de la Universidad, caracterizada por legitimar decisiones pre concebidas y preocuparse solo de elementos de gestión interna como forma de mejorar la crisis de la Universidad Pública. Siendo capaces de incluso pasar a llevar al Senado Universitario si una decisión es tendiente a impulsar cambios con mayor ímpetu.

Es claro que poco se puede esperar de la actual rectoría, en cuanto a instalar con fuerza la necesidad de que el Estado realice un mayor aporte basal a los presupuestos de las Universidades. El día de ayer, domingo 21 de diciembre, apareció una inserción en El Mercurio, donde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile agradecía profundamente al Gobierno por el acuerdo en torno a las jubilaciones dignas de un sinnúmero de académicos que habían resistido la desvinculación de sus plantas académicas para evitar una evidente disminución en su calidad de vida y dejaba entrever la necesidad de avanzar en un nuevo trato del Estado con sus Universidades siendo este acuerdo, un primer paso para ello.

Mucho se habla del “nuevo trato”, lo que se transformó en estos conceptos de amplio consenso sustentados solo en la frase de modo simbólico, dejando el significado a la libre interpretación de quien quiera llenarla de contenido.

Lo cierto es que finalmente si la Universidad de Chile aumentó en un 10% sus aranceles es única y exclusivamente para pagar los reajuste de sueldo a sus académicos y funcionarios, situando a la comunidad universitaria en una incómoda situación entre efectivamente otorgar un merecido reajuste a sus funcionarios en un año de crisis y evitar un encarecimiento de las carreras que implican una baja en la calidad de vida de las familias de los estudiantes.

Muchas son las aristas desde las cuales se puede avanzar en fortalecer el carácter público de la Universidad de Chile. La aprobación de los nuevos estatutos el año 2006 ya dio ciertos avances en cuanto a democracia interna se trata (solo avances, pero si significativos). Otras dimensiones necesarias para avanzar en la dirección de construir universidad pública son: reformas a las políticas de acceso, redefinición de las áreas de investigación a priorizar, nuevo marco de financiamiento estudiantil y financiamiento de la Universidad, entre otros. Dicho último punto, al cual siempre se le acusa de no ser la característica principal que diferencia a una Universidad con contenido público con una que se deja llevar solo a merced de los intereses empresariales, si bien podemos reconocer que es perfectamente factible la existencia de una Universidad 100% financiada por el Estado que en la práctica no es ningún aporte al desarrollo de la nación, el caso contrario es simplemente imposible que se dé.

El interés del Estado, expresado en forma presupuestaria, para el desarrollo de una Universidad es fundamental para que esta cumpla con un rol público en su quehacer en investigación, docencia y extensión, por lo cual es simplemente fundamental generar la convergencia necesaria de actores parra que las movilizaciones del 2009 traigan como fruto un mayor aporte basal de libre disposición y de manera permanente a las Universidades del Estado de Chile. Lo cual, si el movimiento educacional es sumamente hábil, perfectamente puede acompañarse con el cumplimiento de otras demandas necesarias para un impulso de la educación pública que puedan ser impulsadas por estudiantes de enseñanza media, el Colegio de Profesores y Federaciones de Estudiantes de Universidades Privadas.

Todo esto en el marco de la discusión de leyes de educación, en el año de una elección presidencial y como ya demostraron las exitosas movilizaciones de los funcionarios del sector público, las descoordinaciones y resguardos del ejecutivo, surgen a flor de piel al no querer aparecer como un Gobierno no dispuesto a liberar recursos en medio de una crisis económica, que al paso que vamos, claramente no la pagarán los empresarios.

Curioso por Uruguay

El año pasado tuve que realizar un trabajo sobre coyuntura política de la República Oriental del Uruguay con el cual pude interiorizarme en mayor grado sobre las raíces y causas de un momento político singular en dicho país, que se caracteriza por que está en finalizar el primero gobierno de izquierda luego de interminables sucesiones entre el Partido Colorado y Nacional.

Los primeros antecedentes directos se sitúan en la década de los 70', donde Federaciones estudiantiles, sindicatos, partidos de izquierda e incipientes movimientos sociales, confluían en la generación de un referente político, denominado Frente Amplio, dispuesto a acabar con la hegemonía de los 2 partidos tradicionales. Luego de innumerables procesos políticos, propios del contexto latinoamericano de la época que incluye cruentas dictaduras militares, se llegó a los 90' con una fuerza política que agrupa desde sectores socialdemócratas hasta de izquierdas marxista - leninistas y otras de arraigo indígena. Dicho Frente Amplio luego de un constante proceso de crecimiento logra hacerse del Gobierno hace unos pocos años, siendo Tabaré Vásquez el primer presidente Uruguayo de izquierda y no perteneciente ni al Partido Colorado ni al Partido Nacional.

Las expectativas, bajo el contexto de un aumento de la influencia de los sectores de izquierda en la región, perspectivaron que el Gobierno de Tabaré Vásquez, si bien con una política más moderada, iba a confluir en los procesos de la región que cuentan con un claro liderazgo de Venezuela y respaldo a la historia Cubana. Si bien Uruguay puede verse como un potencial aliado, la confluencia no ha sido la óptima. Es más, el Gobierno de Cristina Kitchner, con una base partidaria menos progresista que el Frente Amplio, ha sorprendido con medidas mucho más progresistas que su República hermana: Mientras en Argentina el parlamento aprueba la estatización de las AFP; en Uruguay, el Presidente veta una ley que despenaliza el aborto terapéutico.

El Frente Amplio claramente no ha estado a la altura estos 4 años de lo que pudo haber sido un gran Gobierno progresista en un país que, si bien no posee mayor peso geográfico en la región, cuenta con un liderazgo que lo sitúa como un actor de consenso y respetado para el resto del continente.

Esto nos puede llevar a dudar de la pertinencia de generar convergencia en torno a sectores socialdemócratas más bien alejados de una línea más crítica a los manejos bajo administraciones neoliberales. Discurso el cual, traído a la experiencia chilena reafirmaría una mirada crítica a los pactos por omisión y convergencia en torno al concepto de “no a la exclusión” con sectores de la Concertación por parte del Juntos Podemos y la izquierda extra-parlamentaria.

Sin embargo, la propia experiencia Uruguaya nos muestra un escenario muy particular que si bien no hace no reconocer las falencias de estos 4 años, si perspectiva un camino más auspicioso y por ende una estrategia política acertada. El Congreso del Frente Amplio acaba de situar a José Mujica, apoyado por el Partido Comunista y Tupamarus, como el candidato oficial de la coalición de izquierda con más de un 70% de respaldo, lo cual lo deja hasta ahora como la carta mejor posicionada para remplazar a Vásquez en el sillón presidencial. Si bien dicho apoyo del congreso no garantiza aun del todo que sea Mujica el que finalmente sea el candidato del Frente Amplio (puesto que aun falta una especie de primarias abiertas), demuestra el crecimiento que han tenido los sectores más de izquierda, posicionándose como partes del oficialismo, pero con un discurso crítico a los intentos de neo-liberalizar las políticas de gobierno (intento los cuales, pocos no fueron).

Uruguay, si bien no es un ejemplo de políticas anti-neoliberales en el continente, no solo se debe reconocer los cambios que se han logrado en comparación a las administraciones coloradas y nacionales; sino que además, las posibilidades que solo en 4 años dicha nación gire más aun a la izquierda en políticas anti-neoliberales y referentes aliados dentro de la región, lo sitúan como un país del cual la izquierda chilena debe nutrirse mucho para ganar experiencia y asumir exitosamente los desafíos que se proyectan.

Nadie duda ya, en todo el espectro político, que los Gobiernos de la Concertación tuvieron un enfoque mucho más neo-liberal del que se esperaba que implementaran antes del retorno de la democracia. En dicho nulo avance, e incluso retroceso, encontramos un sin número de responsables, quienes ya sea por acción o por omisión, permitieron que la Concertación se derechizara, la desigualdad aumentara y las oportunidades disminuyeran. Más allá del juicio crítico de dicho proceso, situarnos ad-portas de una nueva elección presidencial con una izquierda más fortalecida, lo que se expresa, entre otras cosas, en el buen resultado municipal requiere una reflexión profunda de los próximos pasos a dar.

Tenerle miedo a que el Partido Comunista pierda su identidad y cambie su programa político en función de los actores con los que converge, no solo es un resguardo infantilizado, sino que además no responde a la tradición histórica del Partido en coyunturas, incluso, bastante símiles al proceso actual. Se requiere entonces afrontar con mayor energía los pasos de acrecentar presencia e influencia en las instancias institucionales que dará el Partido en torno a la disputa parlamentaria y la confluencia de levantar un candidato presidencial único con todas las fuerza de izquierda.

Dicho camino no solo muestra coherencia con la realidad de una nación en la que podemos encontrar características similares en torno a la articulación histórica de la izquierda, sino que además, genera consenso con una diversidad de sectores de izquierda que son los que emergen con mayor fuerza en el actual momento político. Teniendo el necesario resguardo de controlar los egos personales y disputas intestinales que pueden surgir en cualquier coyuntura de emergencia de nuevos actores políticos, la actual línea de estrategia política no solo augura un crecimiento en la influencia de los sectores de izquierda sino que además se vincula con un fortalecimiento en sus discursos emancipadores y una mayor aceptación de estos por parte de vastos sectores de la ciudadanía que pese a no mirar con malos ojos un crecimiento de las fuerzas de izquierda están hasta ahora muy lejos de identificarse con ellos y adscribir a sus demandas.