Frente al alza en un 10% de los aranceles de la Universidad de Chile

Gran presencia mediática causó el alza generalizada en los aranceles de las carreras de las distintas universidades del país. La cobertura de prensa giró principalmente en las particularidades de los procesos de la Universidad de Chile (donde se optó por un alza pareja de todos los aranceles) y la Universidad Católica (donde distinguiendo entre alumnos viejos y nuevos las alzas fluctúan entre en 8% y 12%), identificando las posturas de los distintos actores, por lo que la Federaciones Estudiantiles de dichas universidades obtuvieron una cobertura importante para plantear posiciones al respecto.

En el caso particular de la Universidad de Chile, la discusión arancelaria tuvo cabida en una mesa de negociación FECH – Rectoría, la cual giró en torno a la necesidad de gravar de la menor manera posible los presupuestos de las familias de los estudiantes (en un contexto de clara futura crisis económica) y la necesidad de aumentar los flujos presupuestarios de la Universidad en la realidad de una abierta caída al desfinanciamiento de las Universidades Estatales. Ambos elementos situados en un consenso (probablemente solo discursivo) de la falta de preocupación que pone el Estado en asegurar el buen funcionamiento de sus Universidades, expresado en su escaso aporte directo en el presupuesto.

En dicho escenario, la postura de la FECH, que se inició manifestando que lo ideal y políticamente correcto era un congelamiento nominal de los aranceles, estableció que al no ser eso posible, al menos se debía avanzar en realizar un congelamiento real y parejo (eliminando el 2% a los mechones) de los aranceles y con un respectivo aumento en las distintas becas de ayuda económica entregadas por la Universidad (como por ejemplo las becas PAE).

Finalmente, la decisión de rectoría frente a dichos planteamientos fue acoger las últimas propuestas, pero estableciendo el alza arancelaría no bajo criterios del IPC, sino que bajo el criterio del acuerdo ANEF – Gobierno sobre el IRSP que este año culminó, luego de exitosas movilizaciones, en un 10%, al parecer en al menos 2 puntos sobre el IPC anual.

Un planteamiento importante que desecho rectoría de plano, era vincular la necesidad de mayor financiamiento a la universidad con la aplicación de overead a distintas instituciones privadas asociadas a unidades académicas de la Universidad que lucran con la marca “Universidad de Chile”. Lo cual, sumado a las penosas declaraciones en prensa por parte de rectoría, donde se plantea que la FECH estuvo completamente de acuerdo con el alza de aranceles, demuestra que las autoridades universitarias no están pensando de modo alguno vincular la necesaria salida a la crisis de financiamiento con una mejora en el trato que el Estado le da a sus Universidades

La actitud dubitativa que ha tenido rectoría en torno al trato de las Universidades con el Estado y las formas de financiamiento de los distintos programas y unidades académicas, muchos la atribuyen a una notoria falta de liderazgo de la actual conducción de Víctor Pérez, comandado por el Vicerrector Académico Prof. Ayala. Otros, en cambio, plantean lisa y llanamente que es parte de su lógica de conducción de la Universidad, caracterizada por legitimar decisiones pre concebidas y preocuparse solo de elementos de gestión interna como forma de mejorar la crisis de la Universidad Pública. Siendo capaces de incluso pasar a llevar al Senado Universitario si una decisión es tendiente a impulsar cambios con mayor ímpetu.

Es claro que poco se puede esperar de la actual rectoría, en cuanto a instalar con fuerza la necesidad de que el Estado realice un mayor aporte basal a los presupuestos de las Universidades. El día de ayer, domingo 21 de diciembre, apareció una inserción en El Mercurio, donde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile agradecía profundamente al Gobierno por el acuerdo en torno a las jubilaciones dignas de un sinnúmero de académicos que habían resistido la desvinculación de sus plantas académicas para evitar una evidente disminución en su calidad de vida y dejaba entrever la necesidad de avanzar en un nuevo trato del Estado con sus Universidades siendo este acuerdo, un primer paso para ello.

Mucho se habla del “nuevo trato”, lo que se transformó en estos conceptos de amplio consenso sustentados solo en la frase de modo simbólico, dejando el significado a la libre interpretación de quien quiera llenarla de contenido.

Lo cierto es que finalmente si la Universidad de Chile aumentó en un 10% sus aranceles es única y exclusivamente para pagar los reajuste de sueldo a sus académicos y funcionarios, situando a la comunidad universitaria en una incómoda situación entre efectivamente otorgar un merecido reajuste a sus funcionarios en un año de crisis y evitar un encarecimiento de las carreras que implican una baja en la calidad de vida de las familias de los estudiantes.

Muchas son las aristas desde las cuales se puede avanzar en fortalecer el carácter público de la Universidad de Chile. La aprobación de los nuevos estatutos el año 2006 ya dio ciertos avances en cuanto a democracia interna se trata (solo avances, pero si significativos). Otras dimensiones necesarias para avanzar en la dirección de construir universidad pública son: reformas a las políticas de acceso, redefinición de las áreas de investigación a priorizar, nuevo marco de financiamiento estudiantil y financiamiento de la Universidad, entre otros. Dicho último punto, al cual siempre se le acusa de no ser la característica principal que diferencia a una Universidad con contenido público con una que se deja llevar solo a merced de los intereses empresariales, si bien podemos reconocer que es perfectamente factible la existencia de una Universidad 100% financiada por el Estado que en la práctica no es ningún aporte al desarrollo de la nación, el caso contrario es simplemente imposible que se dé.

El interés del Estado, expresado en forma presupuestaria, para el desarrollo de una Universidad es fundamental para que esta cumpla con un rol público en su quehacer en investigación, docencia y extensión, por lo cual es simplemente fundamental generar la convergencia necesaria de actores parra que las movilizaciones del 2009 traigan como fruto un mayor aporte basal de libre disposición y de manera permanente a las Universidades del Estado de Chile. Lo cual, si el movimiento educacional es sumamente hábil, perfectamente puede acompañarse con el cumplimiento de otras demandas necesarias para un impulso de la educación pública que puedan ser impulsadas por estudiantes de enseñanza media, el Colegio de Profesores y Federaciones de Estudiantes de Universidades Privadas.

Todo esto en el marco de la discusión de leyes de educación, en el año de una elección presidencial y como ya demostraron las exitosas movilizaciones de los funcionarios del sector público, las descoordinaciones y resguardos del ejecutivo, surgen a flor de piel al no querer aparecer como un Gobierno no dispuesto a liberar recursos en medio de una crisis económica, que al paso que vamos, claramente no la pagarán los empresarios.