El 2009 será un año bastante corto: entre crisis económica y sus consecuencias en el área laboral, elecciones parlamentarias y presidenciales y todo el revuelo mediático que generan, habrá poco espacio para que se instalen las problemáticas de la educación y conseguir, por medio de la movilización y la convergencia de actores, avances sustanciales para revertir la constante precarización de la educación, producto de más de 25 años de legislación en torno a acrecentar las influencias de las reglas de mercado en la regulación de las distintas instituciones a cargo del desarrollo del conocimiento y la formación en los distintos niveles.
Perspectivar dicho contexto durante el año, nos debe llevar a la discusión de cuáles son las reales posibilidades de obtener avances en cuanto a una agenda de revitalicación del carácter público del sistema educacional, identificar metas concretas para el periodo, ver la forma en que se puede aprovechar la coyuntura electoral y de discusión de leyes. En definitiva, dar pasos, que es, finalmente, lo más carente que ha tenido el movimiento estudiantil.
Ante esto, no puede pasar por alto el documento emanado por el Rector de la Universidad de Chile, Sr. Víctor Pérez, en el cual se hace una propuesta de que el financiamiento de las Universidades Estatales cuenten con al menos un 50% de recursos entregados directamente por el Estado. Este “nuevo trato” si bien presenta las debilidades de cualquier propuesta que intenta ser conciliadora con un régimen económico profundamente anti-humano y en abierta crisis (crisis la cual, por cierto, no es terminal ni demuestra la decadencia del modelo, tan solo su naturaleza), nos puede servir para instalar discursos y demandas con una correlación de fuerzas mayor, esto solamente si vemos su propuesta con una mirada escéptica y en el contexto en el cual surge.
La propuesta de Víctor Pérez ya ha encontrado una diversidad de detractores, especialmente autoridades de Universidades pos 1980 o privadas incluidas en el Consejo de Rectores, dado su posible marginación de aquellos recursos por parte del Estado, planteando temas de discusión como el rol público que desempeñan distintas universidades, más allá de si son o no parte del Estado, o abiertamente plantear que si las Universidades del Estado muestran un retroceso en la incidencia en el debate público, es producto de sus ineficiencias y no de un abandono del Estado.
Ese 2º razonamiento, el de la Universidad Estatal ineficiente, da muy poco para argumentar, puesto que simplemente se sustenta en un discurso sobre ideologizado de que el Estado es un mal administrador, creyendo que el privado por poder optar a flexibilizar el empleo, subcontratar servicios o, en el caso de las Universidades, cobrar aranceles onerosos y sesgar la producción de conocimiento, se le puede catalogar de ser un ente más eficiente, siendo que solamente es más lucrativo y propiciador de la acumulación de riquezas.
Con respecto a la primera línea argumentativa, el debate sobre el carácter público de una u otra institución, ciertamente es una discusión donde puede haber más debate y donde los actores progresistas del mundo de la educación no se han planteado con una voz unitaria al no haber claridad suficiente sobre el tema. Quizás sea bueno detenerse un poco a pensar sobre ello.
El carácter de ser o no ser pública una institución, no se lo da su dependencia administrativa o fiscalizadora por parte del Estado. Es necesario entonces, plantearse que debería definir una Universidad como pública y poder diferenciarla de instituciones privadas.
Lo Público, como lo que nos pertenece a todo, tiene su máxima expresión en la construcción del Estado moderno, el cual intenta reproducir el ideal de la polis griega. Sin embargo en nuestras sociedades, donde el Estado no da cabida a todas las expresiones sociales, nacionales o de clase, es completamente legítimo dar cabida a Universidades que, más allá de la dependencia del Estado, resguarden manifestaciones como por ejemplo las indígenas u otros segmentos sociales, sin que por esto se materialice un enriquecimiento oneroso por parte de unos dueños. Esta autonomía, necesaria en ciertas instituciones, no puede ser el resguardo para mercantilizar la educación, ni mucho menos un argumento para negar el necesario y legítimo deber del Estado de hacerse parte activa del sistema educativo, al ser este el ente público por excelencia de las sociedades modernas.
Que las Universidades estatales reciban en Chile menos de un 20% en AFD es una realidad vergonzosa que ni los países que más han propugnado las fórmulas neo-liberales mantienen. El sistema de educación superior en su conjunto es, por decirlo menos, una bolsa de gatos. Donde la calidad es dudosa y con malas herramientas para medirla, las carreras se abren bajo criterios de mercado que terminan colapsando algunas y generando carencia de otras (especialmente las técnicas) y lo que es peor de todos: mantiene y fomenta un régimen de segmentación económica donde se correlaciona directamente educación de calidad con alto estatus económico y baja educación (o nula) con los sectores más desposeídos.
¿Dar un 50% de aporte basal a las Universidades Estatales es la solución?: Por supuesto que no, pero estamos dando pasos correctos. Que el financiamiento del Estado a las Universidades no debe ser hegemonizado por las Ues Estatales no es argumento para negar que deban ser estas las instituciones que mayores recursos perciban. Es la única forma que se pueda empezar a encauzar la dirección de hacía donde debe seguir construyéndose las Universidades. ¿Financiamiento a otras instituciones?, ese no debe ser el debate en sí. Sino más bien, cuales son las condiciones que deben cumplirlas para que lo justifiquen. Este debate claramente no está acabado, pero una reflexión a la rápida me lleva a decir que debe contemplar: Mecanismos que garanticen acceso a quintiles más desprotegidos, Democracia interna con participación tri-estamental (lo que debe incluir claramente libertad de organización estudiantil y sindical que aunque nos parezca vergonzoso eso se veta en gran parte de las Universidades. Y no es necesario ir tan lejos: Basta ir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ver como el sr. Nauhm prohíbe parte de la actividad política estudiantil y absolutamente toda la organización sindical de los funcionarios. Realidad la cual merece un artículo completo para desarrollarlo), mecanismo fiscalizados que resguarden la apertura de matriculas en carreras colapsadas, parte de la investigación y extensión destinada al desarrollo regional, prohibición absoluta al lucro (cuestión tan básica que la hasta la LOCE lo dice pero en la práctica solo es letra muerta), entre otras.
Quienes, ya sea a favor o en contra de la propuesta de Víctor Pérez, mantengan su postura por razones gremiales (me perjudica o no que las Ues estatales reciban más del 50% de financiamiento) estarán dando pasos equívocos en la discusión que debe orientar la reconstrucción del sistema educacional chileno. En cambio, dimensionar un importante aporte fiscal directo a las Universidades Estatales como un pilar (bastante principal, pero solo un pilar al fin y al cabo) de lo que debe ser una política más centralizada y extensiva del financiamiento universitario, que no debe porqué ir en contra de la autonomía necesaria de ciertas instituciones educacionales (autonomía por cierto en un marco de democracia interna, calidad y pluralidad), sino al contrario: ser el sostén.
El mercado no permite desarrollar al máximo el potencial de conocimiento y educación de las distintas sociedades a través de sus Universidades. Al contrario, lo limitan, lo segmentan y lo alejan de los sectores más desprotegidos. Es imperioso que el Estado vuelva a ser un actor interesado en el devenir del sistema educacional. Las correlaciones de fuerza no están a nuestro favor, por tanto, será la organización social y política, amplia y transversal, dispuesta a movilizarse, salir a la calle y convencer a cada chileno, la única capaz de posicionar durante el 2009 las demandas, que aun siguen muy lejos de ser satisfechas, de la educación. Esto no puede esperar.
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