Si hemos entrado a la Universidad de Chile debemos sentirnos orgullosos del esfuerzo realizado. Nuestra Universidad pese a su precarización y al desmantelamiento que ha sufrido desde que se instaló el negocio de la Educación Superior en Chile, aun capta los más altos puntajes de la PSU, salvo de quienes consideran el carácter público de la U como una desventaja y asustados de tanto paro y tanta huelga prefiere la Universidad Católica, la de Los Andes o la del Desarrollo, las cuales son representantes de conservadores proyectos ideológicos.
Pero no nos confundamos. Esos altos puntajes cada vez representan menos una selección en función de las capacidades de los jóvenes y cada vez más una selección en base a criterios socioeconómicos. La Universidad se está convierto, por tanto, en una realidad alejada y casi imposible de alcanzar para un amplísimo sector de la población. Y somos nosotros, quienes ya logramos entrar a la Universidad, los llamados a revertir esta situación.
La matrícula de pregrado de la educación superior, debe tender a ser lo más símil posible a la diversidad socioeconómica del país. Que ésta no discrimine ni por nivel de ingreso, ni por región de procedencia, ni por ascendencia étnica y muchos menos por la capacidad de inversión privada durante los años de formación de enseñanza pre-básica, básica y media. La universidad debe cumplir un rol activo en la misión de reducir las discriminaciones de origen, abriendo su matrícula a los sectores vulnerables.
Y eso implica terminar con la PSU como sistema casi único de acceso a la educación superior. La Universidad debe buscar nuevos mecanismo de acceso y generar un sistema donde la PSU sea solo un pilar más dentro de otros criterios preocupados de evitar sesgos y discriminaciones.
El Senado Universitario es la instancia donde debemos proponer una reforma al acceso de la Universidad de Chile. Esta es una demanda que ha sido sentida por diversos sectores estudiantiles, traduciéndose incluso en líneas de investigación, lo que demuestra la preocupación de los estudiantes por su entorno social. Los distintos esfuerzos que se están impulsando para avanzar en una reforma de acceso deben converger en una demanda unitaria, sólida y que hable de cara al país.
Las autoridades de la Universidad no pueden negarse a impulsar una reforma de acceso si, a su vez, reclaman ante la sociedad un “nuevo trato” entre las Universidades Públicas y el Estado. La Universidad de Chile tiene la obligación de tomar este tema como uno de carácter estratégico si quiere mantener su liderazgo y su legitimidad ante la sociedad.
Una universidad elitizada, solo le sirve a la elite. Es momento de exigir e impulsar una profunda modificación en el sistema de acceso a la Educación Superior.
Ahora bien, no es solo por la falta de voluntad de nuestras autoridades que el sistema de acceso no se ha modificado. El sistema de financiamiento conspira para crear universidades de primera y segunda clase. Las primeras elitizan su composición, las segundas quedan como única alternativa para sectores mayoritarios. Y es así como las universidades regionales del CRUCH -muchas de ellas en profundas crisis económicas- y la amplia gama de CFT e IP y ciertas universidades privadas -que conciben al estudiante como un cliente, un cliente con una total asimetría de información que lo lleva en muchos casos a ser estafados con educación de pésima calidad- se abren para recibir a más amplios sectores de la población.
El financiamiento de la educación superior no considera ningún mecanismo para proteger a los estudiantes más vulnerables. Es más, el segundo mecanismo más importante de financiamiento (el Aporte Fiscal Indirecto) se asigna en función del número de estudiantes con sobre 700 puntos en la PSU, estudiantes que en su mayoría van a parar a las Universidades –públicas o privadas- más elitizadas.
Vemos con pena como recursos que son de todos los chilenos van a financiar, mediante este mecanismo, universidades como la de los Andes, Diego Portales, Universidad del Desarrollo, además de las tradicionales de mayor excelencia. Y vemos con más pena aun como se precariza la educación que actualmente está más al alcance de sectores vulnerables y como ella en muchos casos, se encuentra totalmente mercantilizada.
La reforma al acceso debe ir de la mano de una lucha mayor: cambiar los criterios de financiamiento de la educación superior, acabar con el negocio de la educación y con las lógicas del mercado. Ambos son niveles de disputa distintos, pero en ambos el movimiento estudiantil debe pronunciarse y generar las tácticas y estrategias adecuadas.
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