Las actuales movilizaciones en Chile que han centrado sus demandas en la recuperación de la Educación Pública permitieron cuestionar aspectos estructurales de la sociedad chilena. Herencias pinochetistas que una transición pactada estuvo lejos de aspirar a derribar hoy empiezan a ser cuestionadas por el conjunto de la sociedad chilena. Lo que se inició como las protestas estudiantiles por mejoras en el sistema educativo, hoy permiten proyectar un proceso de acumulación de fuerza que se dirija a generar un nuevo acuerdo social, con base democrática y participativa, que se preocupe de acabar las enormes desigualdades presentes en nuestra sociedad.
Tuvieron que pasar más de 20 años desde el retorno de la democracia para que se desencadenara un proceso de movilización que pudiera ir más allá de demandas sectoriales y pasara a aspirar cambios estructurales de fondo. La Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó durante 20 años, no hizo retroceder las embestidas neo-liberales del pinochetismo, sino que las perpetuó, las profundizó y les dio un barniz democrático.
Por eso cuando hoy el pueblo chileno sale hoy a las calles gritando “y va a caer la educación de Pinochet” aflora la fuerte frustración que produce mantener vigentes normativas de la dictadura que de forma tan mañosa y bien pensada aparecen como cerrojos imposibles de vencer. La actual lucha por la educación pública, de ser exitosa, puede transformarse en la primera victoria que le propicia el pueblo de Chile al sistema económico social vigente basado en la desigualdad y exclusión social.
Las últimas jornadas de protesta han dado cuenta de la amplitud, masividad y radicalidad con las cuales el pueblo de Chile se ha manifestado. Vivimos momentos de gran algidez y confrontación social. Acusaciones de tortura policial a estudiantes que se manifiestan recorren el país y un Gobierno acorralado socialmente debe hacerse ahora cargo de la violencia empleada.
Estamos ad-portas de una reunión entre todos los actores sociales que han sido protagonistas de estas movilizaciones con el Presidente de la República. Claramente esta es una instancia que genera expectativas y que obliga al movimiento social a actuar de manera responsable. La exigencia de garantías ha sido clave para que dicho diálogo permita dar salidas al conflicto en dirección a recuperar la educación pública y no en profundizaciones al modelo neo-liberal con la existencia de la letra chica siempre presente en los proyectos de ley que nacen del actual ejecutivo.
Es en esta coyuntura que debemos empezar a delinear cuáles van a ser las estrategias a mediano y largo plazo que van a poder concretar una apertura democrática que en base a la participación conquiste un nuevo pacto social. La idea de un plebiscito y la demanda por una asamblea constituyentes implican herramientas fundamentales para proyectar la lucha que el movimiento por la educación ha desencadenado.
Fundamental resulta para dichos objetivos la reconstrucción del tejido social necesario para que como sociedad podamos conquistar una institucionalidad más democrática. Esto debe implicar un esfuerzo de todos los sectores movilizados en convocar a nuevas organizaciones sociales que han nacido al alero de esta lucha, así como también la coordinación y el trabajo con organizaciones ya existentes que requieren de un impulso para que asuman el desafío de un cambio social estructural acorde al cuestionamiento profundo que se le ha hecho a la institucionalidad democrática chilena vigente.
Resulta difícil de asimilar que luego de una lucha tan intensa contra la dictadura, en la que cayeron en las manos represoras del Estado hombres y mujeres de gran valor y convicción por la tarea de recuperar la dignidad de nuestro pueblo, haya tenido que pasar tantos años para que Chile nuevamente asuma una predisposición para hacer cambios profundos. Pues ahora estamos en la coyuntura para derribar la educación de Pinochet, pero siguen como vacas sagradas el sistema de salud, el de pensiones, la propiedad de los recursos naturales y de sistema político absolutamente vigentes y perpetuando una lógica de exclusión social.
Una hoja de ruta, un programa de cambios sociales, es la próxima tarea que debemos empezar a impulsar desde la base de la movilización social. Instancias como las asambleas ciudadanas que se esparcen por todas las regiones del país han demostrado que existe una inquietud por ampliar los niveles de organización. Es necesario que dicha inquietud supere los debates sobre la educación y proyecte las próximas luchas por democratizar Chile.
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